Magistrada Escobar: Resolución de la CSJ responde a intereses políticos alejados de la Justicia

En los antejuicios planeados se debe nombrar a Juez Pesquisidor

Magistrada Escobar:
Resolución de la CSJ  responde a  intereses políticos alejados de la Justicia

“Es lamentable que un asunto que es eminentemente jurídico se politice y que algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia se presten a defender los intereses de los políticos, en lugar de ser quienes respeten la ley y la hagan cumplir”. Así lo señaló la Magistrada Claudia Escobar, ante la decisión tomada por esta instancia de rechazar los antejuicios contra ella y el Diputado Gudy Rivera.

“Por mi parte estoy dispuesta a renunciar al derecho de antejuicio, ya que no temo haber cometido delito alguno y es importante que se respete el debido proceso; estoy dispuesta a someterme a cualquier investigación”, recalcó.
Según lo establece la Ley de Antejuicio, “cuando la Corte Suprema de Justicia reciba las diligencias de antejuicio que le corresponda conocer, promovidas en contra de un funcionario que goce de aquel derecho, debe proceder al nombramiento de un Juez Pesquisidor”.

Comentó Escobar que “es al Juez Pesquisidor, de acuerdo al Artículo 19 de la Ley de Antejuicio, a quien le corresponde analizar los documentos que se presenten para establecer la realidad y veracidad de los hechos, tomar declaración del denunciante o querellante así como del dignatario o funcionario público afectado, y efectuar cuanta diligencia estime pertinente; el mismo artículo indica que si de los hechos denunciados existen motivos suficientes para declarar que ha lugar a la formación de causa, deberá emitirse el informe correspondiente, que si se declara con lugar el antejuicio el Juez Pesquisidor remitirá el expediente a la Corte Suprema de Justicia, para que ésta a su vez, lo remita al juez competente, y que entonces éste deberá emitir su dictamen o informe dentro del plazo mayor de sesenta (60) días”.
Agregó que “es incongruente que se haya dictado una orden de captura contra otros de los implicados, porque existen suficientes elementos de convicción que ameritan su detención, mientras que al Diputado Rivera, la mayoría de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia le protegen, convirtiéndose en cómplices del denunciado. Con lo anterior se demuestra que no existe independencia judicial y que en su mayoría los magistrados obedecen a los poderes políticos de turno”.

“Se debe diferenciar entre inmunidad e impunidad, son dos situaciones distintas y aunque los funcionarios públicos gozan de inmunidad, no debe el propio órgano de justicia garantizarles la impunidad”.  

Escobar presentó una denuncia ante la CICIG y el Ministerio Público sustentada en varias evidencias que demostraban que el Diputado Gudy Rivera habría tratado de incidir en la decisión de la Sala que ella preside a favor de la Vice-Presidenta Baldetti, y atentado contra la fundamental independencia de poderes.

Los procesos han avanzado en distintas instancias y ante ello la Magistrada ha reiterado que va a colaborar con las autoridades en todo lo que le permita la ley, y no tiene nada que esconder.

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