No Habrá Caos Institucional Actuemos Sin Miedo Porque La Ley Está De Nuestro Lado

La coyuntura política del país ha provocado que varios sectores de la sociedad planteen la posibilidad de suspender el proceso electoral convocado el 2 de mayo de 2015, y es importante que todos los guatemaltecos sepan que esto es posible en el marco legal guatemalteco. 

El Artículo 184 la Constitución Política de la República de Guatemala establece un período presidencial improrrogable de cuatro años para el Presidente de la República a fin de garantizar que nadie por voluntad propia se mantenga en el poder o intente prolongar sus funciones más allá del período presidencial para el cual fue electo por el pueblo, pero esto no aplica en el caso de un proceso eleccionario que se suspenda o se inicie tardíamente (norma especial prevalece sobre la general).

 

También el Artículo 188 de nuestro marco constitucional dispone que la toma de posesión del Presidente y Vicepresidente de la República, se regirá por lo establecido en la Ley Electoral y de Partidos Políticos, y el Artículo 211 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos prevé que “(…) si por haberse declarado la nulidad de una elección, o por no haberse realizado ésta en su debida oportunidad, la toma de posesión no puede realizarse en las fechas antes indicadas, los funcionarios electos tomarán posesión dentro del plazo de ocho días siguientes a la fecha de adjudicación de sus cargos” (subrayado del suscrito).

En otras palabras, la continuidad de nuestro orden institucional y de nuestro sistema de gobierno republicano, democrático y representativo, contempla la posibilidad de que las elecciones no se realicen en su debida oportunidad, y además permite que aquellos funcionarios que fueron electos o designados por los procesos constitucionales se mantengan en sus funciones hasta que el pueblo elija nuevos funcionarios y mientras estos toman posesión.  

Partiendo de esta base, absolutamente consciente de que como guatemalteco no tengo por qué aceptar unas elecciones entre candidatos que no cumplen con el Artículo 113 de la Constitución Política de la República de Guatemala en el que se dispone que para optar a empleos o cargos públicos, y para su otorgamiento, no se atenderá más que a razones fundadas en méritos de capacidad, idoneidad y honradez, y asistido por el texto del Artículo 45 de nuestro marco constitucional, denuncio ante el Tribunal Supremo Electoral, el Ministerio Público y la Corte de Constitucionalidad que el Presidente de la República, la mayoría de Diputados del Congreso de la República, varios Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Constitucionalidad:

 

  1. han incumplido con sus atribuciones y obligaciones que deben realizar para que el Estado efectivamente le garantice a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona, infringiendo de esta manera los derechos humanos de los guatemaltecos;

  2. han permitido y consentido de muchas maneras la corrupción y el abuso de poder y de autoridad de muchos funcionarios, muchas veces incluyéndolos a ellos mismos;

  3. han irrespetado la Constitución y las leyes de la República, sosteniendo una institucionalidad que está plagada de funcionarios públicos y políticos que han abusado del patrimonio del Estado, burlándose de la ciudadanía.

Hago énfasis en que la acción para enjuiciar a los infractores de los derechos humanos es pública y puede ejercerse mediante simple denuncia, sin caución ni formalidad alguna, y reclamo que se modifique la Ley Electoral y de Partidos Políticos para cortar con un sistema que hoy está destruyendo nuestro propio país.

En ese marco presento esta petición ante el Tribunal Supremo Electoral para que deje sin efecto el Decreto 01-2015 de Convocatoria a Elecciones y proponga una reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos que, puntualmente:

  1. elimine la posibilidad de que diputados, alcaldes y funcionarios municipales puedan ser reelectos desde el día que entre en vigor la ley y hasta el 31 de diciembre de 2031, lo cual nos permitirá como país depurar, procesar y liberarnos de todos los políticos y funcionarios corruptos;

  2. establezca que los diputados se elijan en función de la persona y no por medio de listados;

  3. permita que cualquier comité ciudadano pueda proponer candidatos; y

  4. se le provea de más autoridad y poder al Tribunal Supremo Electoral para que con eficacia y procedimientos sumarios pueda castigar a cualquier político o partido político que infrinja la Ley Electoral y demás leyes del país.

También presento una petición ante el Congreso de la República para que, como es su deber, antepongan los intereses del Estado y se reúnan de inmediato y conozcan, deliberen y aprueben sin demora, las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos arriba indicadas y que una vez aprobadas se convoque a elecciones generales bajo las nuevas reglas.

A la Corte de Constitucionalidad le solicito que actúe con base en la Constitución, en defensa de la Constitución y del Orden Constitucional, tomando exclusivamente decisioneslegales y no políticas.

Al Ministerio Público le pido que actúen con contundencia y efectividad contra los funcionarios y gobernantes corruptos y cualquiera que haya violado la ley.

Y a los líderes de opinión les propongo apoyar las peticiones aquí contenidas y hacer un pacto ciudadano para que en los próximos 10 años acompañemos una agenda política que nos permita sacar al país del estado en el que se encuentra y que en un plazo de 5 años trabajemos con prioridad para convertir nuestro País en una Nación desarrollada con oportunidades para los niños y jóvenes de hoy.

 

CORRUPTOS, ENTRÉGUENSE A LA JUSTICIA

 

Alfonso Carrillo Marroquín

Ciudadano y abogado

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