De nuestro blog

No Habrá Caos Institucional Actuemos Sin Miedo Porque La Ley Está De Nuestro Lado

La coyuntura política del país ha provocado que varios sectores de la sociedad planteen la posibilidad de suspender el proceso electoral convocado el 2 de mayo de 2015, y es importante que todos los guatemaltecos sepan que esto es posible en el marco legal guatemalteco. 

El Artículo 184 la Constitución Política de la República de Guatemala establece un período presidencial improrrogable de cuatro años para el Presidente de la República a fin de garantizar que nadie por voluntad propia se mantenga en el poder o intente prolongar sus funciones más allá del período presidencial para el cual fue electo por el pueblo, pero esto no aplica en el caso de un proceso eleccionario que se suspenda o se inicie tardíamente (norma especial prevalece sobre la general).

 

También el Artículo 188 de nuestro marco constitucional dispone que la toma de posesión del Presidente y Vicepresidente de la República, se regirá por lo establecido en la Ley Electoral y de Partidos Políticos, y el Artículo 211 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos prevé que “(…) si por haberse declarado la nulidad de una elección, o por no haberse realizado ésta en su debida oportunidad, la toma de posesión no puede realizarse en las fechas antes indicadas, los funcionarios electos tomarán posesión dentro del plazo de ocho días siguientes a la fecha de adjudicación de sus cargos” (subrayado del suscrito).

En otras palabras, la continuidad de nuestro orden institucional y de nuestro sistema de gobierno republicano, democrático y representativo, contempla la posibilidad de que las elecciones no se realicen en su debida oportunidad, y además permite que aquellos funcionarios que fueron electos o designados por los procesos constitucionales se mantengan en sus funciones hasta que el pueblo elija nuevos funcionarios y mientras estos toman posesión.  

Partiendo de esta base, absolutamente consciente de que como guatemalteco no tengo por qué aceptar unas elecciones entre candidatos que no cumplen con el Artículo 113 de la Constitución Política de la República de Guatemala en el que se dispone que para optar a empleos o cargos públicos, y para su otorgamiento, no se atenderá más que a razones fundadas en méritos de capacidad, idoneidad y honradez, y asistido por el texto del Artículo 45 de nuestro marco constitucional, denuncio ante el Tribunal Supremo Electoral, el Ministerio Público y la Corte de Constitucionalidad que el Presidente de la República, la mayoría de Diputados del Congreso de la República, varios Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Constitucionalidad:

 

  1. han incumplido con sus atribuciones y obligaciones que deben realizar para que el Estado efectivamente le garantice a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona, infringiendo de esta manera los derechos humanos de los guatemaltecos;

  2. han permitido y consentido de muchas maneras la corrupción y el abuso de poder y de autoridad de muchos funcionarios, muchas veces incluyéndolos a ellos mismos;

  3. han irrespetado la Constitución y las leyes de la República, sosteniendo una institucionalidad que está plagada de funcionarios públicos y políticos que han abusado del patrimonio del Estado, burlándose de la ciudadanía.

Hago énfasis en que la acción para enjuiciar a los infractores de los derechos humanos es pública y puede ejercerse mediante simple denuncia, sin caución ni formalidad alguna, y reclamo que se modifique la Ley Electoral y de Partidos Políticos para cortar con un sistema que hoy está destruyendo nuestro propio país.

En ese marco presento esta petición ante el Tribunal Supremo Electoral para que deje sin efecto el Decreto 01-2015 de Convocatoria a Elecciones y proponga una reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos que, puntualmente:

  1. elimine la posibilidad de que diputados, alcaldes y funcionarios municipales puedan ser reelectos desde el día que entre en vigor la ley y hasta el 31 de diciembre de 2031, lo cual nos permitirá como país depurar, procesar y liberarnos de todos los políticos y funcionarios corruptos;

  2. establezca que los diputados se elijan en función de la persona y no por medio de listados;

  3. permita que cualquier comité ciudadano pueda proponer candidatos; y

  4. se le provea de más autoridad y poder al Tribunal Supremo Electoral para que con eficacia y procedimientos sumarios pueda castigar a cualquier político o partido político que infrinja la Ley Electoral y demás leyes del país.

También presento una petición ante el Congreso de la República para que, como es su deber, antepongan los intereses del Estado y se reúnan de inmediato y conozcan, deliberen y aprueben sin demora, las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos arriba indicadas y que una vez aprobadas se convoque a elecciones generales bajo las nuevas reglas.

A la Corte de Constitucionalidad le solicito que actúe con base en la Constitución, en defensa de la Constitución y del Orden Constitucional, tomando exclusivamente decisioneslegales y no políticas.

Al Ministerio Público le pido que actúen con contundencia y efectividad contra los funcionarios y gobernantes corruptos y cualquiera que haya violado la ley.

Y a los líderes de opinión les propongo apoyar las peticiones aquí contenidas y hacer un pacto ciudadano para que en los próximos 10 años acompañemos una agenda política que nos permita sacar al país del estado en el que se encuentra y que en un plazo de 5 años trabajemos con prioridad para convertir nuestro País en una Nación desarrollada con oportunidades para los niños y jóvenes de hoy.

 

CORRUPTOS, ENTRÉGUENSE A LA JUSTICIA

 

Alfonso Carrillo Marroquín

Ciudadano y abogado

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RENUNCIE PRESIDENTE

Estamos en momentos trascendentales para el futuro de nuestros hijos y el país. Como abogado y como ciudadano, públicamente, le expreso mi indignación, la que seguro compartimos millones de guatemaltecos.  

En estas líneas puntualizo algunas de las iniciativas que tenemos derecho a tomar como ciudadanos, que se pueden convertir en acciones legales.

Al PRESIDENTE, cabeza de gobierno y último responsable por los históricos niveles de corrupción, descalabro en los hospitales públicos, muertes de personas no atendidas, inseguridad física e inseguridad para la inversión y el trabajo, DEBEMOS EXIGIRLE LA RENUNCIA.

La soberanía está en el pueblo y a nosotros nos debe rendir cuentas el Presidente y todos sus funcionarios de gobierno. Los problemas de corrupción en Guatemala han sido denunciados hasta el hartazgo, involucrando a las más altas esferas de este gobierno.

Además, los ciudadanos debemos:

  1. EXIGIR ACCIONES SEVERAS DE JUECES Y MAGISTRADOS PARA CASTIGAR A TODOS LOS FUNCIONARIOS CORRUPTOS que han abusado de su cargo para beneficiarse o beneficiar a otros, así como la DESTITUCIÓN DE LOS JUECES Y MAGISTRADOS QUE NO ACTUEN APEGADOS A LA LEY y con la seriedad y severidad que las circunstancias demandan.

  1. EXIGIR AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA QUE RESUELVAN TODOS LOS ANTEJUICIOS que tienen en contra de funcionarios públicos antes del 30 de junio de 2015, actuando con absoluta severidad y sabiendo que los ciudadanos no permitiremos más abusos.

  1. EXIGIR A LOS MAGISTRADOS DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD LA DEFENSA DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA y la renuncia a quienes no estén dispuestos a defenderla o emitan resoluciones políticas atribuyéndose facultades que no tienen.

  1. APOYAR AL COMISIONADO IVAN VELASQUEZ Y A LA CICIG para que continúen denunciando y poniendo en evidencia la corrupción y forma abusiva en que se comportan algunos servidores públicos.

  1. HACER UN RECONOCIMIENTO A AQUELLOS JUECES, MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS PÚBLICOS QUE HACEN DILIGENTEMENTE TU TRABAJO y que se diferencian de los que no lo hacen.

Conciudadanos, debemos tener una visión de largo plazo, pensemos en nuestros hijos y sus descendientes.  Podemos rescatar Guatemala pero tenemos que actuar.

Hasta que no seamos escuchados y no se cumpla la Ley, hasta que no se cumplan nuestras exigencias que por Derecho nos corresponden, DEBEMOS CONTINUAR MANIFESTANDO EN CONTRA de la CORRUPCIÓN.

 

No a la CORRUPCIÓN, no a FUNCIONARIOS CORRUPTOS

 

Quedarnos callados nos hace cómplices de la corrupción. Si tiene alguna información, evidencias de actos de corrupción, y quiere sumarse a otras denuncias, o darnos retroalimentación por favor escribanos vía electrónica.

 

Alfonso Carrillo Marroquín

Ciudadano y abogado guatemalteco

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Magistrada Escobar: Resolución de la CSJ responde a intereses políticos alejados de la Justicia

En los antejuicios planeados se debe nombrar a Juez Pesquisidor

Magistrada Escobar:
Resolución de la CSJ  responde a  intereses políticos alejados de la Justicia

“Es lamentable que un asunto que es eminentemente jurídico se politice y que algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia se presten a defender los intereses de los políticos, en lugar de ser quienes respeten la ley y la hagan cumplir”. Así lo señaló la Magistrada Claudia Escobar, ante la decisión tomada por esta instancia de rechazar los antejuicios contra ella y el Diputado Gudy Rivera.

“Por mi parte estoy dispuesta a renunciar al derecho de antejuicio, ya que no temo haber cometido delito alguno y es importante que se respete el debido proceso; estoy dispuesta a someterme a cualquier investigación”, recalcó.
Según lo establece la Ley de Antejuicio, “cuando la Corte Suprema de Justicia reciba las diligencias de antejuicio que le corresponda conocer, promovidas en contra de un funcionario que goce de aquel derecho, debe proceder al nombramiento de un Juez Pesquisidor”.

Entre los Méritos y la Discrecionalidad

Aprovecho la oportunidad para aclarar las dudas que aún quedan sobre la inconstitucionalidad planteada en contra del artículo 12 de la Ley de Comisiones de Postulación.

Se están mezclando dos consideraciones que no dependen una de la otra, y por lo mismo no se tiene clara la situación. Por un lado está el miedo que existe a que los miembros de las comisiones de postulación actúen de manera arbitraria y discrecional – y la idea que solo la tabla de gradación existe entre ellos y la libertad plena para nombrar a quién les guste. Por el otro lado está la inconstitucionalidad planteada en contra del artículo 12 de la Ley de Comisiones de Postulación por se contrario al artículo 113 de la Constitución Política de la República de Guatemala.

1. En cuanto a la inconstitucionalidad: Esta procede porque el artículo 12 es contrario a la Constitución, en lo establecido por el artículo 113 de la misma. El artículo 113 establece “Los guatemaltecos tienen derecho a optar a empleos o cargos públicos y para su otorgamiento no se atenderá más que a razones fundadas en méritos de capacidad, idoneidad y honradez.”

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